¿Qué hacer en caso de sufrir un accidente de tráfico?

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Created on Monday, 18 November 2024 11:21

En primer lugar, es fundamental realizar una autoevaluación inicial para verificar el estado físico personal y, en su caso, señalizar el área del siniestro para evitar riesgos adicionales. Igualmente, es crucial prestar atención al estado de los demás involucrados.

Posteriormente, es recomendable completar un parte amistoso de accidente, en el cual se deben consignar los datos de los conductores, las casillas pertinentes y un croquis que refleje la situación del siniestro. Dicho parte deberá ser firmado por ambas partes para que sea válido. En caso de desacuerdo entre los conductores o de que alguno de ellos no se encuentre en condiciones físicas para firmar, es imperativo contactar a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales, quienes elaborarán el correspondiente atestado. Si hay testigos, es conveniente obtener sus datos y registrarlos en el parte o solicitarles que permanezcan en el lugar hasta la llegada de la policía.

Una vez realizado el parte amistoso o aportados los detalles del accidente a la patrulla correspondiente, resulta esencial acudir al servicio de urgencias más cercano para obtener un parte médico que certifique el estado de salud y los posibles daños físicos sufridos en el accidente. Si se ha experimentado el llamado “latigazo cervical”, es indispensable acudir a urgencias dentro de las 72 horas posteriores al siniestro.

En caso de ser el responsable del accidente, debe notificarse a la compañía aseguradora dentro de los siete días siguientes. Si, por el contrario, no se es responsable, se dispone de un plazo de un año para presentar una reclamación por daños y perjuicios contra la aseguradora del causante. Es recomendable conservar todas las facturas y comprobantes de gastos relacionados con el accidente (ropa, medicamentos, transporte, etc.), y no desechar prendas u objetos dañados sin antes haber tomado fotografías de los mismos.

La indemnización por los daños sufridos se calculará conforme a las disposiciones de la Ley 35/2015. El plazo para reclamar por lesiones derivadas del accidente es de un año desde la fecha del siniestro.

Los conceptos a reclamar incluyen:

1. Daños personales: se indemnizarán los días de tratamiento y, en caso de secuelas, limitaciones físicas o dolor, así como cicatrices o marcas permanentes. Para las cicatrices, es recomendable realizar un seguimiento fotográfico regular hasta la curación.
2. Daños materiales: abarcan tanto los desperfectos en el vehículo como en los bienes personales (gafas, móvil, ordenador, etc.). Podrá reclamarse la reparación o sustitución de estos bienes según corresponda.
3. Gastos médicos o de rehabilitación: se podrán reclamar los gastos médicos no cubiertos por los convenios entre aseguradoras, como fármacos, prótesis o cualquier otro tratamiento sanitario necesario.

Este procedimiento garantiza una protección adecuada frente a los posibles daños derivados de un accidente de tráfico y asegura la correcta reclamación de los derechos correspondientes ante las autoridades y aseguradoras.

Contacto:

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El Ministerio de Hacienda resuelve finalmente la situación tributaria de los nómadas digitales

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Created on Thursday, 07 December 2023 19:09

El día 6 de diciembre de 2023, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la modificación del Reglamento del IRPF, acordando que los nómadas digitales podrán optar por la opción tributaria de la Ley Beckham.

Hasta ahora no existía la opción oficial de poder acogerse a esa modalidad tributaria en el IRPF, ya que no se había desarrollado legalmente el mecanismo, ni existían formularios para solicitar tributar por esa modalidad.

El mecanismo legal, está pendiente de su desarrollo definitivo y de la elaboración de los modelos para poder acogerse a la modalidad tributaria, si bien, determina que para aquellas personas que hayan obtenido el permiso de residencia en la modalidad de nómada digital en los años 2022 y 2023, podrán optar por esa modalidad con efectos retroactivos y el plazo para optar se determinará a partir del momento en el que se publique el modelo.  

Recordamos que La Ley Beckham permite tributar en el IRPF en la tarifa del 24%.

Seguiremos informando de las últimas novedades 

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Varapalo a Hacienda: el Tribunal de la UE tumba la declaración de bienes en el extranjero

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Created on Thursday, 27 January 2022 11:44

El Tribunal de Justicia de la UE tumba todo el Modelo 720, que ha aflorado más de 150.000 millones de euros. Hacienda se enfrenta a devoluciones millonarias

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declara ilegal y anula la obligación de declarar bienes en el extranjero, el Modelo 720 que tiene España en vigor desde 2013 y que ha aflorado más de 150.000 millones de euros, con lo que Hacienda deberá realizar devoluciones millonarias y reorganizar su estrategia de control de estos patrimonios. En una sentencia, el Tribunal dicta que esta legislación va más allá de lo necesario en sus objetivos de lucha contra el fraude y vigilancia de contribuyentes con bienes en el exterior por "atentar contra la libre circulación de capitales", imponer una "imprescriptibilidad desproporcionada" y "multas extremadamente represivas" y también "desproporcionadas" que "vulneran la exigencia de seguridad jurídica".

El Tribunal anula por lo tanto el Modelo 720 al completo y va mucho más lejos que lo que lo hizo en sus conclusiones del abogado General de la Unión Europea Henrik Saugmandsgaard Øe el pasado 15 de julio, que sólo cuestionó las sanciones formales por no declarar bienes en el extranjero y el régimen de declaración de las cuentas bancarias a partir de 1 de enero de 2016 por vulnerar el principio de libre circulación de capitales y desproporcionados.

Hacienda deberá ahora reorganizar la legislación de control de bienes en el extranjero y se verá abocada a devolver las cantidades ingresadas por los procedimientos que haya abierto con la información que le ha proporcionado el Modelo, además de enfrentarse a procedimientos por responsabilidad patrimonial por haber legislado mal. En concreto, todas las sanciones que impone el Modelo quedan anuladas sean o no firmes. Hay muchos procedimientos abiertos en tribunales españoles, que ahora serán estimados.

El entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro lanzó la obligación de declarar bienes en el extranjero en el Modelo 720 en 2012, a la par que la amnistía fiscal, y la primera declaración se produjo en la primavera de 2013. Estos bienes no declarados se convertían en imprescriptibles bajo sanciones de de 100 euros por dato por declarar fuera de plazo (con mínimo 1.500 por cada uno de los tres grupos de bienes: cuentas, valores e inmuebles), o de 5.000 euros por dato por no declarar o hacerlo incorrectamente, con un mínimo de 10.000. A lo que se añade la imputación de los bienes en extranjero no declarados en plazo como ganancias patrimoniales en el IRPF y Sociedades sin posibilidad de alegar la prescripción y la sanción adicional del 150% sobre estos impuestos resultante de esa imputación.

El Modelo ha aflorado más de 150.000 millones de euros en inmuebles, cuentas corrientes, seguros y productos de inversión en todo el mundo, la mayoría, en Suiza y Luxemburgo.

La sentencia dictamina que España "ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como "ganancias patrimoniales no justificadas", sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción".

Según el Tribunal de Justicia, la presunción de obtención de ganancias patrimoniales no justificadas no resulta desproporcionada en relación con los objetivos de garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, puesto que, entre otros factores, puede ser destruida por el contribuyente. En cambio, advierte de que "las opciones elegidas en materia de prescripción son desproporcionadas atendiendo a esos objetivos, puesto que permiten a la Administración Tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado".

Es decir, los fines pueden ser legítimos pero los medios empleados por el Fisco español no lo son para el TJUE, que señala que la normativa, además de producir un efecto de imprescriptibilidad, permite también a la Administración Tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica.

El Tribunal de Justicia señala asimismo que el tipo muy elevado de la multa del 150% le confiere un "carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales".

La sentencia declara que el legislador español incumplió asimismo las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado. Estas multas pecuniarias fijas se acumulan con la multa proporcional del 150% y concluye que establecen una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales.

Denuncia ante Bruselas

En febrero de 2013, Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, denunció el Modelo ante la Comisión Europea por desproporcionado. A finales de 2015, la Comisión inició procedimiento por infracción contra España. En 2017, remitió un informe motivado en el que solicitaba la modificación de la norma. En 2019, interpuso recurso ante el TJUE.

En el recurso interpuesto ante el TJUE, la Comisión Europea cuestionaba los tres aspectos controvertidos del Modelo 720: las sanciones formales, la imputación de los bienes en extranjero no declarados en plazo como ganancias patrimoniales en IRPF y Sociedades sin posibilidad de alegar la prescripción, y la sanción adicional del 150% sobre estos impuestos resultante de esa imputación, que consideraba desproporcionadas. A juicio de Bruselas, la norma española “entra en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación” de personas y trabajadores, “la libertad de establecimiento, la libre presentación de servicios y la libre circulación de capitales”.

La Comisión admitió que la Jurisprudencia comunitaria puede aceptar un “plazo más largo” de prescripción pero sin que eso pueda interpretarse en el sentido de inexistencia de plazo, y le recordó a España que los delitos penales en que no se aplica prescripción son el genocidio y el terrorismo, que son “las formas más graves de violación de los derechos humanos, que no se dan en los casos de fraude, elusión o evasión fiscales”.

Un ejemplo de los efectos que produce el Modelo es el de un taxista de Granada que declaró fuera de plazo una cuenta en Suiza, donde trabajó, de 340.000 euros. La Agencia Tributaria le exigió 188.000 euros de cuota del IRPF por rentas no declaradas. Además, le aplicó la multa del 150% y le reclamó otros 254.000 euros. Al final le pidió un total de 442.000 euros. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) anuló la sanción del 150%. Son numerosos los casos en los que las sanciones son superiores a la cantidad no declarada o declarada fuera de plazo.

Fuente : https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/varapalo-hacienda-declaracion-bienes.html

BREVE RESUMEN DEL RDL. 16/2020 DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (B.O.E.29/04/20)

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Created on Sunday, 03 May 2020 10:54

-              Quedan habilitados los días 11 a 31 de Agosto de 2020.

-              Los plazos permanecerán en suspenso mientras esté vigente el estado de alarma, pero una vez levantado el mismo, se establece la manera de computarlos:

o             Salvo los procedimientos declarados urgentes e inaplazables el cómputo será el siguiente:

•             Los plazos procesales en curso antes de la declaración del estado de alarma se computarán nuevamente desde su inicio, siendo el primero del cómputo el primer día hábil siguiente al cese del estado de alarma.

•             Para los plazos procesales derivados de resoluciones notificadas durante el estado de alarma, el primer día del cómputo será el primer día hábil siguiente al cese del estado de alarma.

•             Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento notificadas durante el estado de alarma y los veinte días hábiles siguientes, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora ( Si p.ej. la norma procesal establece un plazo de 10 días o 20 días este quedará ampliado, respectivamente, en 10 días o 20 días más, duplicándose los plazos en estos casos).

•             Transcurridos veinte días hábiles desde el cese del estado de alarma los plazos relativos al anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento se les aplicará el plazo normal previsto en su Ley procesal correspondiente, iniciándose su cómputo en la forma prevista en el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

•             Aquellos plazos que no se correspondan con el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento se les aplicará el plazo previsto en su Ley procesal correspondiente, iniciándose su cómputo el primer día hábil siguiente al cese del estado de alarma.

-              Es especialmente remarcable el procedimiento sumario creado a fin de dar una salida rápida a todas las situaciones derivadas de la crisis sanitaria del COVID19; siendo destacables los siguientes extremos:

o             Un procedimiento sumario que se versa exclusivamente en todas aquellas situaciones económicas y personales que han sido sustancialmente modificadas a raíz de la crisis sanitaria; En concreto regula:

•             El restablecimiento del régimen de visitas por el progenitor no custodio y que ha sido interrumpido durante la declaración del estado de alarma, así como la vuelta a la normalidad en los casos de guarda y custodia compartida.

•             La solicitud de la modificación de las medidas definitivas en relación a alimentos a menores, pensiones entre cónyuges y análogos.

•             La solicitud o modificación de alimentos.

•             En cuanto a competencia territorial nos estaremos a lo establecido en lo dispuesto en la LEC en sus artículos 769 y 50 de la LEC

•             En cuanto al trámite a seguir, regulado en su artículo 5, el procedimiento se destaca por su oralidad, la cual quiere dotar de inmediatez al mismo. Siendo destacable lo siguiente:

o             En el escrito de demanda se deberá aportar prueba documental que acredite el cambio de situación consecuencia de la crisis sanitaria del COVID19.

o             En los casos que versen sobre el restablecimiento del régimen de visitas o de guarda y custodia, el tribunal podrá efectuar la exploración al menor, siempre que supere los 12 años de edad.

o             Se podrá solicitar la citación judicial de testigos o solicitar prueba anticipada hasta 5 días antes de la celebración de la vista.

o             La contestación a la demanda se efectuará de forma oral en el momento de la vista.

o             Si no queda pendiente de celebrar ninguna prueba admitida, se realizarán conclusiones orales al finalizar la vista.

o             El juez podrá resolver oralmente. Después se procederá al redactado.

o             Si se resuelve de forma oral y todas las partes comparecidas o representadas por procurador manifiestan su conformidad con la misma se declarará firme en ese momento.

o             En el caso de que se quiera recurrir el plazo empieza a contar en el momento de la notificación de la resolución correspondiente por escrito.

o             Contra la estimación o desestimación cabe interponer recurso de apelación.

-              También creo que tenemos que remarcar la tramitación preferente de ciertos procedimiento:

o             a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley.

o             b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

o             c) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

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