Objetivo: generar actividad y empleo. Esa es la máxima con la que una comisión interministerial trabaja desde hace semanas para tener listo antes de Semana Santa el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, primero y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después, confirmaron que será una de las reformas que se ponga en marcha antes, vistas las escalofriantes cifras de paro.

Además, fuentes cercanas al proyecto admiten que desde Bruselas se ha insistido al Ejecutivo español para que agilice los trámites que siguen siendo necesarios para constituir una empresa. España es el 150 país del mundo donde es más fácil iniciar una actividad empresarial, o lo que es lo mismo, que se encuentra en el furgón de cola de esa clasificación. Con la futura ley de emprendedores se quiere poner fin a esa situación. Así, a partir de su entrada en vigor se podrá constituir una sociedad con un euro de capital social, algo que ahora no es posible con la regulación española y, sin embargo, sí funciona en otros países.

Mientras que en España el capital social mínimo que se requiere para crear una sociedad limitada es de 3.000 euros, la UE permite la constitución de empresas con solo un euro con ciertas cautelas. Fuentes cercanas al proyecto explican a CincoDías que esos límites consistirán en que los propietarios de la empresa no puedan repartir dividendo ni conceder créditos a terceros mientras la compañía no esté convenientemente capitalizada. “Se trata de facilitar la creación de empresas y que el no disponer de dinero no sea un impedimento. Por eso, se permitirá que cualquier empresario pueda ponerse en marcha con un euro y después vaya desembolsando el capital social restante poco a poco, ya que existen datos que confirman que los primeros cinco años de actividad es cuando existe más riesgo de fracaso”, explican las mismas fuentes. Unida a esta nueva exigencia, la ley tratará de reducir todas las licencias administrativas que después hacen falta, una vez constituida la sociedad, para poder desarrollar la actividad.

La ley de unidad de mercado ha tratado ya de poner cierto orden para que una misma actividad no deba ser autorizada en cada una de las 17 comunidades autónomas, pero lo cierto es que muchos expertos coinciden en que de muy poco sirve que se permita la creación de empresas online sin apenas trabas, si después la concesión de licencias se eterniza en el tiempo y es muy cara. El anteproyecto de ley apostará por la sustitución progresiva de esas licencias por meras declaraciones de responsabilidad de los nuevos empresarios. Este mecanismo, no obstante, también tiene sus peros, ya que obliga a las administraciones a poner en marcha servicios de inspección muy potentes.

Una vez creada la nueva empresa, ¿cuál es el problema que más preocupa y al que deben enfrentarse los emprendedores? Las asociaciones de autónomos lo tienen claro: la financiación.

Ingresos futuros

La futura ley también tiene previsto actuar sobre ello. De hecho, contempla un impulso a las entidades de capital riesgo, la sociedades de garantía recíproca e incluso prevé la creación de fondos de capital riesgo mixtos público-privados.

Además de los incentivos y exenciones fiscales que tiene previsto incluir la ley para el inicio de la actividad emprendedora, el Gobierno pretende generar un mercado de pagarés donde las pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiación, a través de pequeñas emisiones de deuda, ahora que los canales tradicionales de crédito se encuentran todavía cerrados para la inmensa mayoría. No ha prosperado, en cambio, la idea de generar un portal administrativo controlado y regulado donde las pymes que quieran vender su negocio pudieran ofrecerse a sus potenciales compradores.

Sí parece haber gustado, y mucho, una propuesta realizada por los registradores de la propiedad. Se trata de avanzar hacia una ley de garantías mobiliarias. “Es pasar de la hipoteca inmobiliaria a la mobiliaria, donde las garantías no tienen nada que ver con viviendas, suelo o cualquier otra clase de inmueble, sino con ingresos futuros, licencias, o subvenciones, entre otros”, explican fuentes de los registradores. En el sector del taxi, por ejemplo, comienzan a suscribirse créditos donde la garantía que aporta el titular es solo la licencia, lo cual le permite no tener que aportar su casa, que probablemente ya estará hipotecada. Pero es que se puede hacer casi con todo. Los agricultores pueden aportar como garantías las cosechas futuras, los farmacéuticos, su licencia o los clubes de fútbol los ingresos por venta de camisetas. Los defensores de este sistema han remitido su propuesta al Ejecutivo y ésta ha tenido tanto éxito que el Gobierno ya ha pedido más información. Todo con tal de que quien tenga una idea, pueda llevarla a efecto.

Los diputados entienden que el menor ha perdido a ambos padres y debe recibir protección por ello.

Los menores que hayan perdido a su madre por culpa de la violencia machista van a poder contar con algo más que la simple pensión de orfandad. Así lo recoge la proposición no de ley aprobada hoy por la Comisión de Justicia del Congreso y que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Amaiur, que se ha abstenido. La iniciativa considera que los menores pierden a ambos padres y quiere darles una mayor protección.

El PP, que ha hecho la propuesta, ha pedido al Congreso que adapte la actual normativa española para proteger a los niños, especialmente en el período que transcurre entre la comisión del delito y el dictamen de la sentencia firme.  El diputado popular José Miguel Castillo Calvín ha destacado la situación que sufren y ha puesto como ejemplo el caso de Salud, una niña de Almería, cuya madre fue asesinada por su padre en 2011, después de que este recibiera una petición de divorcio. La niña, según ha explicado el diputado, "no ha recibido asistencia especial alguna, ni de carácter psicológico, ni económico" y cuenta únicamente con una pensión de 250 euros mensuales, que corresponden al menor ante la pérdida de un progenitor. Esto se debe a que la pensión de orfandad no se incrementa a pesar de que el agresor haya perdido la pensión de viudedad.

Hasta el momento, el hijo de la víctima de violencia de género puede cobrar una pensión de orfandad equivalente al 20% de lo que cotice la madre. Esto implica tener la misma pensión que si la madre falleciera por alguna enfermedad. Por ello, los populares apuntan a que la Ley de Seguridad Social incluye a los menores como víctimas de la violencia de género, pero no tiene prevista una pensión de orfandad especial para atender sus necesidades concretas.

Así, la situación del menor que pierde a su madre por la violencia de género será similar a la de una orfandad absoluta en la que mueren ambos padres, ya que psicológica y legalmente también pierde a su progenitor, en especial en aquellos casos en los que el padre debe ser ingresado en prisión preventiva como medida cautelar y es privado de la patria potestad.