La semana pasada los españoles despertaron con una noticia de impacto: la luz subiría a partir de enero un 11 %. La reputada ONG Facua-Consumidor es en Acción incluso ha convocado un apagón de luz para el próximo 30 de diciembre para protestar contra la subida del recibo de la electricidad. Paralelamente, en la plataforma de activismo online Change.org a través de una petición se exige que no se lleve a cabo la subida del precio de la luz y se regule con un sistema de precio social los suministros básicos de luz y gas.

Una mallorquina en paro ha decidido publicar esa petición ante la dificultad que le supone el poder pagar las facturas eléctricas. Elisabet Fernández, madre de tres niños y con el marido también sin trabajo, vive con su familia en una casa de campo con calefacción eléctrica. En la petición declara que para ella poner la calefacción en invierno cuando sus hijos están enfermos es un lujo que no puede dejarse de permitir.

Su carta dirigida al Ministerio de Industria contiene tres demandas: la suspensión de la subida tarifaria, que las empresas no puedan cortar la luz y el gas a las familias con escasa renta familiar y que la provisión de servicios sea regulada por un sistema público que incorpore precios sociales. La petición ha recibido ya unas ciento setenta mil firmas a favor en tan solo una semana.

La pobreza energética es una realidad cotidiana para una gran parte de los españoles. En términos concretos se trata ante todo de la imposibilidad económica de mantener la casa caliente en invierno. A causa de la próxima subida el número de personas con dificultad de mantener una temperatura adecuada en sus hogares podría rozar un 50 % en algunas regiones de España.

Uno de los ejemplos es Catalunya donde en el 2011 casi un tercio de la población tenía dificultad para mantener la vivienda en una temperatura adecuada y casi doscientas mil familias no podían asumir los gastos de electricidad y gas. Según los pronósticos oficiales, esa cifra podría subir como espuma en el 2014, dado que el problema afecta ya a los sectores muy diversos de la sociedad catalana.

Para atender a las víctimas de la pobreza energética algunas asociaciones locales han organizado cursos que explican sus causas y ofrecen algunas medidas prácticas para ahorrar. “Os daremos trucos para reducir el consumo y os enseñaremos a leer la factura de la luz para saber lo que estáis pagando y si hay una posibilidad de reducirlo”, prometen los organizadores de uno de esos talleres de facturas energéticas. Muchos de los afectados efectivamente tienen contratadas potencias superiores a las que necesitan, desconocen la existencia del bono social al que podrían acogerse o no tienen contratada la tarifa de último recurso. En la charla también recomiendan comprar electrodoméstico s eficientes. «¿Alguien ha comprado un electrodoméstico ?», pregunta la lectora. «¡Pero si no podemos pagar la luz!», responde el auditorio, según cuenta en un reciente artículo El Periódico de Catalunya.

Aunque las charlas están destinadas a colectivos vulnerables, la información que ofrecen es práctica y valiosa para cualquiera. Sobre todo porque ahora la gran mayoría está en situación de vulnerabilidad ya que no puede hacer nada ante las subidas del precio.

La situación llegó a tales extremos que el Gobierno de Catalunya aprobó en diciembre un decreto que impedirá que las empresas suministradoras de gas y electricidad corten el servicio a familias sin recursos económicos durante los meses más fríos del año. La medida llega en un contexto de crisis que ha incrementado el número los hogares que se ven obligados a controlar el gasto de energía, o que sencillamente no pueden pagar por calentar su casa.

La medida está dirigida a proteger a un sector que vive en condiciones muy precarias. Las unidades familiares con unos ingresos iguales o inferiores al indicador de renta de suficiencia, fijado para el 2014 en unos seiscientos euros mensuales, podrán acogerse a esta especie de moratoria. Tendrán diez días desde que reciban un aviso de corte de suministro para presentar un informe de servicios sociales que acredite su situación. No obstante, aunque las suministradoras se comprometieron a dar cumplimiento a esta norma, no está del todo claro que tengan la obligación legal de hacerlo.

Nota: Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente coinciden con los puntos de vista de la redacción de La Voz de Rusia.